El Gobierno nacional presentó en Valledupar un modelo integral para garantizar la protección de las y los trabajadores durante los procesos de cierre de minas y descarbonización, mediante la articulación de instrumentos que convierten la transición energética en una política pública con enfoque laboral, de protección social y generación de nuevas oportunidades económicas.
El Ministerio del Trabajo explicó que la estrategia integra el Decreto de Cierre de Minas, la Política Pública de Protección Laboral frente a los Procesos de Descarbonización y Transición Energética y los Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Competencias Laborales para el Crecimiento Verde, con el propósito de asegurar que ningún trabajador quede desprotegido durante esta transformación.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la transición energética debe garantizar la protección de los derechos laborales.
«La transición energética no puede traducirse en desempleo ni en pérdida de derechos. Colombia está demostrando que sí es posible transformar el modelo productivo protegiendo a las y los trabajadores. El Decreto de Cierre de Minas, la Política Pública de Protección Laboral, los lineamientos para los empleos verdes y la reconversión laboral conforman un solo modelo para que ningún colombiano quede atrás en esta transformación», señaló el ministro.
De acuerdo con la cartera laboral, uno de los principales componentes de esta estrategia es el Decreto 0742 de 2026, que establece por primera vez la obligación de incorporar un componente laboral en todos los Planes de Cierre de Minas.
La norma contempla la caracterización de los trabajadores afectados, el pago de acreencias laborales y aportes a la seguridad social, la realización de exámenes médicos ocupacionales de egreso, la prioridad de contratación cuando existan nuevos proyectos mineros, la implementación de programas de reconversión laboral, la concertación con las organizaciones sindicales y la inspección permanente por parte del Ministerio del Trabajo durante todas las etapas del cierre. Además, crea el Paz y Salvo Laboral como requisito indispensable para autorizar el cierre definitivo de una operación minera.
El Ministerio indicó que este marco normativo se complementa con la Política Pública de Protección Laboral frente a los Procesos de Descarbonización y Transición Energética, prevista en el artículo 58 de la Ley 2466 de 2025, que permitirá anticipar los impactos sobre el empleo, fortalecer la protección social, promover el diálogo social y coordinar la respuesta institucional frente a los cambios productivos del país.
Asimismo, presentó los Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Competencias Laborales para el Crecimiento Verde, elaborados en cumplimiento del artículo 50 de la misma ley, con el fin de orientar la formación del talento humano en áreas como economía circular, eficiencia energética, producción limpia, sostenibilidad y gestión ambiental, con enfoques territorial, campesino, étnico y de género.
Como expresión práctica de estos instrumentos, la entidad puso en marcha la Ruta Tipo de Reconversión Laboral, diseñada para acompañar a las personas trabajadoras en su transición hacia nuevas actividades productivas. Sus primeros pilotos avanzan en minería artesanal y de pequeña escala y, en el departamento del Guainía, ya se vincularon voluntariamente los primeros 13 beneficiarios, experiencia que servirá como referencia para futuras intervenciones en el país.
La estrategia será implementada de manera articulada con el Servicio Público de Empleo, el Sena, el Ministerio de Minas y Energía y demás entidades del Estado para facilitar procesos de formación, certificación de competencias e inserción laboral.
Según el Ministerio del Trabajo, este modelo consolida una política pública que convierte la transición energética en una oportunidad para proteger el empleo, garantizar los derechos laborales y generar nuevas posibilidades de desarrollo para las comunidades de los territorios mineros. De esta manera, el cierre de una mina dejará de representar únicamente el fin de una actividad económica para convertirse en el inicio de un proceso de transformación con justicia laboral, diálogo social y oportunidades para las y los trabajadores.
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