Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Al grave conflicto armado que se vive actualmente en zonas rurales de Arauca, el Catatumbo, el pacífico sur, y el Bajo Cauca, se suma la creciente inseguridad que se registra a lo largo y ancho del territorio nacional. Una problemática que además de minar la confianza de los ciudadanos, afecta la reactivación económica y la senda de recuperación por la que se empezaba a avanzar.
Los delitos que más aquejan a los colombianos son el hurto, el homicidio, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, y las agresiones sexuales, así lo indica el último informe de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), que también reveló que entre las ciudades más afectadas se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, donde el uso de armas de fuego ocupa los porcentajes más altos, destacando a Cali y Barranquilla con más del 81% de los casos. Entre tanto, las armas blancas o cortopunzantes son el segundo tipo de objeto más empleado en estos sucesos al interior de cada ciudad.
La fuerte ola de inseguridad está acompañada de aterradores hechos delincuenciales como el que se presentó a finales de enero en Medellín, donde dos jóvenes de 16 y 17 años, en un intento de hurto, le propinaron 24 puñaladas a un taxista, que por poco pierde la vida. Lamentablemente, los atracos con víctimas fatales son cada vez más frecuentes, hace unos días el joven Jean Carlos Cuadrado Arévalo fue asesinado por no dejarse robar una cadena, cuando departía con sus amigos en la terraza de una vivienda, ubicada en el barrio Nariño de Cartagena.
Los repudiables casos de hurto que terminan en homicidio dan cuenta del recrudecimiento de la inseguridad en ciudades y municipios de Colombia. De acuerdo con el informe anual de la Policía Nacional, durante el 2021, los hurtos y robos violentos representaron la muerte de 791 personas en el territorio nacional, 85 casos más que en el año 2019. Solo en Bogotá, los asesinatos en medio de violentos atracos durante el año pasado se incrementaron un 12%, con 79 casos más que en 2020.
Al aumento de la delincuencia común, los robos y las agresiones, hay que añadirle el creciente fenómeno de intimidación y extorsión que afecta a los comerciantes en muchas regiones del país. Promovido por poderosas estructuras criminales urbanas y rurales está modalidad delincuencial se ha ido extendiendo y consolidando, afectando a miles de familias que viven de una actividad comercial honrada por la que les exigen el pago de “cuotas” o “vacunas”.
La intimidación y extorsión a comerciantes formales e informales se ha fortalecido con la asociación entre la delincuencia común y peligrosas organizaciones criminales. Una actividad delictiva que ha dejado al descubierto las debilidades actuales del sistema carcelario y las grandes redes de corrupción que hacen parte del millonario negocio en las prisiones, desde donde se planean y realizan un sin número de extorsiones.
Es claro que la inseguridad ya no podemos seguir mirándola como algo que afecta a una o tres ciudades en particular, sino como una amenaza propia del país. A los ciudadanos los están matando por un celular o el retiro de dinero de algún banco. Abusan de las mujeres y los niños. En cualquier ciudad escuchamos estas noticias.
Los esfuerzos, hasta ahora realizados, no han dado los resultados que exige la ciudadanía, es necesario ser más contundentes en las estrategias y así mismo atacar la raíz que se encuentra en la descomposición social, una de las principales causas del deterioro de la seguridad. Pedimos al Gobierno Nacional, a la fuerza pública y a los entes territoriales hacerle frente a esta lucha contra la delincuencia y garantizar la protección de los derechos fundamentales para la población civil. No podemos permitir que en nuestro país se siembre inseguridad y violencia.
Comentarios