La Delegación de Paz del Gobierno nacional informó este miércoles que el Juzgado I Promiscuo del Circuito de Puerto Asís dejó sin efecto la sentencia emitida por el Juzgado del Valle del Guamuez que había ordenado suspender todas las actividades en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), creada en Putumayo como parte del proceso de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Según el comunicado oficial, la decisión judicial busca garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, luego de que el juez de segunda instancia encontrara una irregularidad procesal al establecer que no fueron vinculadas todas las entidades y personas con interés legítimo antes de que se profiriera la sentencia inicial.
La acción de tutela fue presentada por el gobernador del Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer, quien argumentó que la expedición de la Resolución No. 053 del 25 de febrero de 2026, mediante la cual se estableció la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, vulneró derechos fundamentales relacionados con la consulta previa, la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas, el territorio y la propiedad colectiva, así como la participación en las decisiones que los afectan.
La Delegación de Paz del Gobierno nacional y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz impugnaron la decisión de primera instancia. Como resultado, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís decretó la nulidad de todo lo actuado y ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para rehacer el trámite, garantizando la participación de todos los sujetos procesales, incluida la propia Delegación de Paz del Gobierno nacional.
La Delegación de Paz reiteró que aportará las pruebas necesarias para demostrar que la decisión de las personas que ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal como parte del proceso de paz “debe respetarse y respaldarse”.
La ZUT establecida en Valle del Guamuez alberga actualmente a 99 integrantes de la Coordinadora Nacional, quienes ingresaron al lugar “en tránsito a la ciudadanía plena”, luego de realizar la dejación de armas, las cuales permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.
“Noventa y nueve personas que estuvieron vinculadas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano han confiado en el Estado y sus instituciones y deben ser acogidos por la sociedad”, señala el comunicado.
Asimismo, la Delegación expresó su respeto por las decisiones de la justicia y aseguró que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades competentes, en el marco del debido proceso y con plena disposición para suministrar la información que sea requerida durante la nueva actuación constitucional.
El comunicado está suscrito por el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno nacional, Armando Novoa García, y por los delegados del Gobierno, Parmenio Cuéllar y Gloria Arias Nieto.
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