Ante las problemáticas ocasionadas por el embargo del predial del Centro Social Don Bosco en Barranquilla. El concejal Juan Ospino Acuña, señaló que se debe unir esfuerzos para garantizar el derecho fundamental a la educación y la preservación de un centro social icónico para la comunidad, «nos encontramos en búsqueda de una solución efectiva»,dijo
El Centro Social Don Bosco, reconocido como un referente de educación en nuestra ciudad, enfrenta dificultades derivadas de embargos en sus bienes debido a asuntos tributarios. En respuesta a esta situación crítica, hemos presentado solicitudes formales a la Oficina de Gestión Tributaria y a la Secretaría de Educación de Barranquilla, con el firme propósito de garantizar el cumplimiento de la Ley 1176 del 2001 y de la Constitución Política afirmó Ospino Acuña.
La Ley 1176 del 2001 y los principios fundamentales de nuestra Constitución consagran la educación como un derecho fundamental. En consecuencia, es imperativo que los bienes destinados a la prestación de servicios educativos y sociales no sean sujetos de embargos, ya que su disponibilidad y funcionamiento son esenciales para el bienestar de la comunidad y el desarrollo de futuras generaciones.
La normativa educativa y el estado tributario, de manera conjunta, establecen una sólida base legal que protege la integridad de los servicios públicos educativos. Bajo estas premisas, instamos a las autoridades competentes a tomar acciones concretas para salvaguardar el patrimonio del Centro Social Don Bosco y garantizar que su labor educativa continúe beneficiando a la comunidad.
Nuestro compromiso es enriquecer el entorno educativo y social de Barranquilla. A través de este comunicado, reiteramos nuestro llamado a la colaboración entre las partes involucradas para encontrar una solución justa y equitativa que respete la importancia del Centro Social Don Bosco como un pilar de la educación local. Finalizó el Concejal Juan Ospino Acuña.
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