Con el objetivo de encontrar mecanismos para aliviar el bolsillo de los hogares costeños en relación con lo que pagan por el servicio de energía, el alcalde Jaime Pumarejo Heins lideró este jueves una cumbre con sus homólogos de cinco capitales del Caribe: Cartagena, Montería, Sincelejo, Riohacha y Valledupar, quienes se unieron al clamor de Barranquilla por el malestar que generan altas tarifas a las familias de la región.
Al final de la reunión, el alcalde Pumarejo leyó la siguiente declaración en nombre de sus homólogos:
Declaración
Los alcaldes de las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo, Riohacha y Valledupar, reunidos en la ciudad de Barranquilla el día 9 de junio de 2022, DECLARAMOS:
Desde hace décadas la región Caribe ha venido padeciendo los efectos de la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica, debido, principalmente, a los incumplimientos de la empresa Electricaribe con el plan de mantenimiento e inversiones que estaba obligada a ejecutar.
La falta de vigilancia del Gobierno nacional sobre ese compromiso terminó pasándole factura a los habitantes del Caribe colombiano, con el consabido deterioro en la calidad del servicio que, a su vez, se manifiesta mediante continuos cortes y suspensiones.
Se trata de una situación compleja, pues, debido a las altas temperaturas de nuestra región, que naturalmente disparan el consumo energético, el costo del servicio de electricidad, a diferencia de otras regiones, tiene un peso desproporcionado en el costo de vida de las familias del Caribe colombiano.
La tarifa que hoy asumimos es las más cara del país. Con los aumentos desproporcionados estamos pagando en la región $946,6 (AIR-E) y 924,99 (AFINIA) por kilovatio, en tanto los usuarios de Codensa, en Bogotá, pagan el mismo kilovatio a $638.56.
La facturación para el estrato 1 de las capitales del Caribe colombiano es, inclusive, entre 2 y 2.5 veces superior a la de Bogotá, pues mientras los habitantes de estos sectores pagan en Barranquilla $90.526, por ejemplo, los de la capital del país, $36.039.
El incremento, de hecho, está afectando de manera notable la economía de las familias de los estratos 1 y 2, que representan el 54,4 % de la población general, según el DANE, si bien la afectación es a todos los niveles de consumo residencial y amenaza la productividad económica de la Costa.
Necesitamos salidas legales, regulatorias y económicas para mitigar el impacto en el bolsillo y la calidad de vida del Caribe colombiano, porque resulta insostenible seguir cargando con los costos de la facturación de hoy y los que, a instancias del esquema aprobado, seguirán aumentando en los siguientes meses.
En ese sentido, los mandatarios de las ciudades principales de la región Caribe llamamos al próximo Gobierno nacional a asumir la financiación necesaria para que las tarifas regresen a los niveles de hace un año, cuando no habían empezado los incrementos exorbitantes que hoy padecen los hogares. Una manera de llevarlo a cabo sería la creación de un Fondo Regional de Estabilización de Precios, con recursos públicos que compensen de manera directa los incrementos de los costos de la energía, para lo cual también convocamos el acompañamiento del Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio.
En la reunión participaron como testigos el viceministro de Energía, Miguel Lotero (conexión virtual); el gerente distrital de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell; el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata Sarabia; el jefe de Oficina de Servicios Públicos del Distrito, Juan Carlos Gómez; el gerente de Alumbrado Público (APBAQ), Carlos Sarabia, y el secretario Jurídico, Adalberto Palacios.
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