En este momento los embargos amparados por cuatro Juzgados del país ascienden a más de $2.1 billones de pesos, poniendo en riesgo la operación total de Nueva EPS.
Los embargos se concentran en prestadores de servicios de salud que, en su mayoría (80%), son de las principales Instituciones privadas del país.
En la suma mencionada y que actualmente se tiene en embargo, se promedia aproximadamente la totalidad de la operación de un mes.
Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son inembargables, según el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, aun así, existen juzgados que omiten la normativa.
A pesar de los reiterativos llamados desde la Entidad por proteger los recursos que garantizan la prestación de servicios de salud, cuatro Juzgados del país decidieron incrementar los embargos a Nueva EPS a una cifra que compromete su operación y por ende la atención de los más de 11 millones 700 mil afiliados
La cifra que ya había sido duplicada en noviembre de 2025 cuando pasó de $422.000 a $887.000 millones , acaba de incrementarse a más del doble, ascendiendo a $2.125.890.449.360 (dos billones, ciento veinticinco mil ochocientos noventa millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta pesos) que comprometen directamente toda la operación de la EPS.
Estos recursos tienen un impacto importante en la prestación de servicios de salud y el flujo de recursos hacia la red prestadora y gestores farmacéuticos a nivel nacional; en este momento la Entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación , de allí que dicha decisión tome gran relevancia, pues solo se cuenta con el giro directo que llega cada semana para postulación hacia la red prestadora y limitación absoluta de uso de los recursos de tesorería.
Si los embargos se mantienen, la operación de Nueva EPS se verá seriamente comprometida y no podrá operar administrativamente, a eso se suma el impacto en la sostenibilidad financiera no solo de la Entidad, si no de una red aproximada 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de ellos con una dependencia financiera de gran proporción desde Nueva EPS.
Actualmente los embargos mencionados se concentran en aproximadamente 95 IPS que presentaron las demandas en el proceso de intervención de NUEVA EPS, siendo en su mayoría (80%) las principales Instituciones privadas del país. Los cuatro Juzgados que concentran el mayor número de medidas de embargo son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia – Caquetá, Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico – Caquetá y Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
La Compañía ha desarrollado diferentes medidas tanto jurídicas como financieras para mitigar este impacto y ha generado acercamiento con los jueces que han establecido estas medidas de embargo, aun de las cuentas maestras que normativamente son inembargables para garantizar la continuidad del servicio.
Si bien, desde antes de la intervención, Nueva EPS traía un déficit considerable, estas medidas de embargo han venido agudizando la situación financiera de la Entidad hasta el punto actual, que compromete la operación de Nueva EPS.
Nueva EPS recordó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son constitucional y legalmente inembargables, según el artículo 48 de la Constitución, así como las leyes 1438 de 2011 y 715 de 200 1. Además, la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría reiteran que estos fondos, de naturaleza parafiscal y esenciales para garantizar el derecho fundamental a la salud, no pueden ser objeto de medidas cautelares.
La Entidad ya informó la situación a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES , entre otros Entes de Control, solicitando medidas urgentes que permitan frenar estas decisiones judiciales. Mientras tanto, agotará las vías jurídicas disponibles y reitera el llamado a las autoridades y actores involucrados para considerar las consecuencias legales y sociales de estas acciones, en aras de proteger la sostenibilidad del sistema de salud y la garantía de la prestación del servicio de salud de los afiliados.
Comentarios