Este martes la exsenadora Piedad Córdoba dijo ser víctima de persecución política. Durante un anuncio que hizo a la opinión pública advirtió que es perseguida por personas que quieren truncar su derecho a la participación política y señaló que uno de esos perseguidores sería el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, al igual que la DEA.
“Mi decisión de apoyar el Pacto Histórico y la candidatura presidencial de Gustavo Petro ha sido castigada con una nueva andanada de guerra jurídica, linchamiento mediático y hostilidades de diverso tipo”, afirma la exsenadora.
De igual manera, Córdoba sostuvo que los supuestos ataques en su contra incluyen pesquisas financieras, operaciones ilegales por parte de Estados Unidos a través de la DEA y amenazas de muerte contra ella y contra miembros del Pacto Histórico y su familia. A su vez, la exsenadora dijo que desconoce “cuál es el supuesto daño que le hice a este país para que se me quiera arrebatar mi derecho fundamental a la participación política”.
Dentro de su intervención, Córdoba aseguró que el Pacto Histórico, movimiento político al que apoya, está siendo objeto de “intentos de entrampamientos y montajes judiciales, planes de magnicidio, amenazas y agresiones, así como el riesgo efectivo de fraude electoral”. Igualmente, dijo que un funcionario de la Embajada de Colombia en Washington se comunicó con ella para advertirle de más planes en su contra.
Según expuso la exsenadora, el hombre que se contactó con ella le aseguró que hay un video que compromete a los exembajadores Juan Carlos Pinzón y Alejandro Ordoñez, este último quien también fue procurador general. De acuerdo con la política, los dos hombres estarían buscando que Córdoba fuera extraditada a los Estados Unidos con la ayuda de Michael Kozak, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.
En su exposición, Córdoba le solicitó a la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que hable ante la opinión pública y aclare los señalamientos que se le hacen a funcionarios a su cargo. Para la exsenadora, “es inaceptable que se siga guardando silencio ante estos hechos delictivos en medio de la creciente ausencia de garantías para el ejercicio de la política”.
Por último, hizo un llamado al fiscal general Francisco Barbosa, para que investigue las presuntas acciones que hoy denunció. Según ella, este caso debería tener la misma celeridad y rigor que los “casos propagandísticos”. A su vez, le pidió a los Estados Unidos tomar “ser respetuosos de nuestra soberanía nacional y del ejercicio democrático de las y los colombianos”.
Hace un par de semanas, Córdoba fue señalada de supuestamente tener nexos con las Farc y dilatar algunos procesos de liberación de secuestrados por la extinta guerrilla, algo que habría hecho bajo el alias de Teodora. Asimismo, recientemente ha sido señalada de estar relacionada con el presunto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Alex Saab, y con sus negocios.
Por los diversos señalamientos, la exsenadora y hoy aspirante a una curul en el Senador por el Pacto Histórico, se ha autodenominado una perseguida política y ha pedido a diversas autoridades que le den garantías para que pueda ejercer su derecho a participar en política. La política colombiana en todos los señalamientos ha manifestado que no piensa irse del país y que no teme ser extraditada, pues no ha cometido ningún delito.
El Espectador
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