El recrudecimiento del conflicto en Arauca y la frontera con Venezuela, mantiene en zozobra a las comunidades de esta región, que vuelven a sufrir las angustias de la violencia. Esta compleja situación de orden público requiere de acciones inmediatas, encaminadas a la protección de la población civil, la gran afectada en esta disputa que libran las disidencias de las Farc y el Eln.
En medio del fuego cruzado entre estos grupos terroristas, han quedado los araucanos, quienes en los últimos días han revivido el horror de la violencia. Hechos que van desde sanguinarios asesinatos, secuestros, ataques a la población, atentados contra la infraestructura militar y policial, hostigamientos, reclutamiento de menores, desapariciones y amenazas constantes, mantienen en vilo a los habitantes de las zonas rurales de Arauca.
Sin contemplaciones, en su “ofensiva” contra el frente urbano ‘Domingo Laín’ del Eln, las disidencias de las Farc detonaron, el pasado 19 de enero en el centro de Saravena, un carrobomba que acabó con la vida de Simeón Delgado, quien se desempeñaba como celador del ICA, y dejó heridas a 20 personas más. Las pérdidas de vidas en esta interminable confrontación ya ascienden a 42 personas, un reporte escalofriante que refleja la violencia reinante.
Cada día que pasa en esta repudiable guerra, las afectaciones físicas, materiales y psicológicas son mayores. En el ataque, con explosivos, realizado a la empresa ‘Oxígenos del Llano’, a los daños materiales se le sumó el riesgo del suministro de este recurso vital, que compromete la vida de más de 60 pacientes que se encuentran hospitalizados en el departamento.
Por otro lado, los secuestros también están incrementando. El pasado domingo en la noche, mientras se anunciaba la liberación de cuatro personas privadas de la libertad por grupos armados en las veredas de Botalón y Puente Tabla, zonas rurales de Tame, se retenía contra su voluntad a otras tres personas en Puerto Nariño, Saravena. Una situación que demuestra la intensificación de las acciones de los grupos armados contra los civiles.
Con el paso de los días, la violencia se ha ido agudizando y con ella los desplazamientos de miles de araucanos, que no encuentran otra salida distinta a la de huir para proteger sus vidas y las de sus familias. Según información de la Defensoría del Pueblo, actualmente hay 1.486 personas desplazadas, que conforman 455 familias, cifra que se multiplicó en solo 20 días, cuando el informe de la misma entidad señalaba que eran 53, las familias que habían tenido que salir de sus viviendas de manera forzada.
Que se repita la historia de gran violencia que vivió el departamento entre el 2005 y 2010, cuando más de 1.000 personas murieron en medio de la guerra entre guerrillas, es uno de los mayores temores de los pobladores. Hay que evitar a toda costa, que la peor pesadilla de los araucanos regrese a destruir este maravilloso departamento, lleno de gente buena, trabajadora y honesta, que nada tiene que ver con el conflicto entre los grupos criminales.
Como hermanos colombianos, nos duele la delicada situación de orden público que se está registrando en los municipios de Arauca. Pedimos al Gobierno Nacional escuchar atentamente la voz de quienes claman paz e implementar junto a la Fuerza Pública, acciones contundentes para hacerle frente a los grupos ilegales que delinquen en la región y condenar a los culpables de estos actos criminales. Nos unimos al incesante clamor del pueblo araucano por el fin de la violencia en su territorio, no están solos.
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